La Asamblea Nacional aprobó la primera norma en Venezuela que legisla sobre este rubro estratégico para el país.
La nueva Ley para el Fomento y Promoción del Cacao Venezolano, sancionada por unanimidad por la Asamblea Nacional el pasado jueves 11 de junio, beneficiará de forma directa al productor local al garantizar precios dignos, blindar la genética de su semilla frente a alteraciones y eliminar trabas burocráticas mediante una plataforma digital única.
Este instrumento legal —compuesto por 37 artículos— fue diseñado con el objetivo central de corregir las desigualdades históricas que ha sufrido el productor primario en la cadena de comercialización, logrando que la distribución de los ingresos generados por este rubro estratégico sea mucho más equitativa, equilibrada y directa para las familias del campo.
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Financiamiento
Siguiendo el esquema aplicado recientemente en el sector cafetalero, la ley fomenta el acceso a créditos tanto en la banca pública como en la banca privada. El gran beneficio para el agricultor es que estas entidades financieras estarán obligadas a respetar estrictamente los tiempos de cosecha para los esquemas de pago, evitando que el productor se ahogue en deudas antes de vender su fruto.
Protección genética y creación de viveros certificados
La ley declara de auténtico interés nacional la defensa y salvaguarda del cacao criollo venezolano en sus variedades ancestrales más valiosas, como el Porcelana, Guasare y Pentágona.
Se crea el Programa Nacional de Mejoramiento Genético del Cacao. Esto obliga a la construcción y mantenimiento de bancos de germoplasma locales y regionales, así como de viveros debidamente certificados. El productor tendrá acceso directo a plantas de alta calidad y pureza, evitando que variedades foráneas degraden el valor de su cosecha.
Prácticas ancestrales de fermentación
El texto legal introduce el “principio de precaución” como una medida de enfoque preventivo ante posibles amenazas sanitarias o ambientales que pongan en riesgo los cultivos. Sin embargo, la normativa blinda al productor al dejar claro por escrito que su aplicación bajo ninguna circunstancia frenará ni menoscabará los métodos tradicionales y ancestrales de fermentación que los cacaoteros ejecutan habitualmente en sus tierras.
Inclusión social y protagonismo comunal
El nuevo marco jurídico faculta de forma expresa al Ejecutivo para promover y fortalecer la participación de los movimientos sociales del campo y el Poder Popular organizado. La ley prioriza la protección social y la participación protagónica de:
- Mujeres cacaoteras.
- Comunidades afrodescendientes e indígenas.
- Pequeños campesinos, comunas y trabajadores del sector.
Certificación de calidad
Para asegurar mejores precios en el comercio exterior, la ley establece que la evaluación de la calidad del cacao se realizará mediante rigurosos análisis físicos, químicos, organolépticos y de inocuidad alineados con estándares internacionales.
Adicionalmente, se fijan normas claras y definiciones técnicas sobre lo que verdaderamente se puede denominar “chocolate” (basado en el uso real de manteca y pasta de cacao), protegiendo el valor de la materia prima que sale directamente de las manos del agricultor venezolano.
Centralización de procesos administrativos
Esta ley elimina trabas burocráticas centralizando los procesos administrativos en una Ventanilla Única Agrícola
Cómo funciona esta medida:
- Trámites centralizados: Los productores ya no tienen que peregrinar por distintas oficinas del Estado para gestionar guías de movilización, certificaciones y permisos de exportación. Todo se realiza en un solo espacio digital y unificado.
- Reducción de costos y tiempos: Al funcionar bajo un principio de interoperabilidad digital, se eliminan las demoras y los costos operativos generados por la excesiva cadena de trámites.
- Oficinas municipales: La ley exige que existan oficinas de atención directa para el productor en cada municipio cacaotero del país, acercando el proceso a las zonas agrícolas.
Comercialización justa
La legislación busca corregir las desigualdades históricas en la comercialización, garantizando que el precio pagado al productor primario del campo sea justo y equilibrado frente al resto de la cadena de valor.
